El delicado asunto gira en torno a la consideración de las criptodivisas como valores, lo que, al no estar reguladas, violaría los propios principios establecidos por la SEC para los valores.
Evidentemente, el caso más llamativo es de la SEC contra Ripple, acusada de haber vendido en 2020 valores sin tener autorización para ello. El caso parece estar llegando finalmente a su fin, teniendo en cuenta que Ripple ha solicitado al tribunal un juicio abreviado, tras haber conseguido una serie de éxitos en el juicio, que parecen haber puesto a la SEC entre la espada y la pared.
Pero Ripple es sólo el caso más sensacionalista, aunque hay muchos casos en los que la SEC ha intentado poner un radio en las ruedas del desarrollo del sector de las criptomonedas en el mundo de las finanzas, como cuando sigue prohibiendo la emisión de ETFs al contado.
En este sentido, en los últimos meses Grayscale ha demandado a la autoridad bursátil dirigida por Gary Gensler, impugnando la decisión de ésta de denegar su solicitud de convertir el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF de Bitcoin al contado.
Al igual que algunos exchanges como Binance tuvieron que someterse de nuevo a investigaciones por parte de la SEC por una supuesta violación del régimen normativo sobre la venta de tokens no autorizados, la SEC demandó a la empresa BlockFi por vender un producto de préstamo de criptomonedas. En febrero, la empresa resolvió el litigio pagando una multa de 100 millones de dólares.
Pero ahora la indiscreción que llega de algunos observadores y analistas del sector es que el próximo objetivo de la autoridad estadounidense podría ser Ethereum tras su nueva actualización de Merge, que podría volver a plantear algunos problemas en la venta de valores.
Inmediatamente después de que se produjera el «MERGE» de Ethereum del sistema de consenso Proof of Work al Proof of Stake, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que este tipo de criptodivisas que utilizan este sistema deberían ser consideradas valores a todos los efectos y deberían ser tratadas como tales desde una perspectiva regulatoria.
Gensler señaló el beneficio que se derivaría del PoS, que sería un beneficio obtenido del esfuerzo. Este hecho sería uno de los puntos cruciales del famoso test Howey, utilizado por la SEC para determinar si un activo es un producto de inversión y, por tanto, debe estar sujeto a las normas establecidas por la SEC.
El staking, según el presidente de la SEC, sería a todos los efectos comparable a los servicios de préstamo, y por tanto debería someterse cuidadosamente a las estrictas normas establecidas por las autoridades financieras para evitar riesgos de fraude y actos delictivos.
Por este motivo las autoridades estadounidenses desean que todos los validadores de Ethereum se sometan a la normativa Know Your Customer (KYC) y AML, que sería la normativa contra el blanqueo de capitales.
La gran presencia de nodos de la blockchain de Ethereum en suelo estadounidense también pondría a Ethereum bajo la jurisdicción de Estados Unidos, por lo que es muy probable que las autoridades exijan pronto a todas las empresas y desarrolladores que trabajen en la blockchain que cumplan con las normas establecidas por KYC, que está diseñado para proteger a las instituciones financieras del fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Conocer al cliente implica varios pasos para establecer la identidad del cliente, comprender la naturaleza de sus actividades y calificar que la fuente de financiación es legítima.
Puede resultar muy complicado que empresas criptos puedan cumplir fácilmente estos procedimientos, teniendo en cuenta la naturaleza de desintermediación y descentralización que las caracteriza.
Por otra parte, una vez que las empresas de criptomonedas logren cumplir con estas normas, será mucho más fácil para algunos inversores institucionales acercarse a este mercado.
La SEC en los últimos meses, parecen estar muy preocupados por el desarrollo de DeFi, que en gran parte hace uso de blockchain de Ethereum, y el cambio realizado por Ethereum podría tratarse como «casus belli» para atacar el sector y conseguir regularlo para evitar poner en peligro la estabilidad del sistema financiero tradicional.